Además, el Ejecutivo ha otorgado poderes a la comisaria Michaele Schreyer, encargada de la prevención contra el fraude, para realizar lo mismo con respecto al Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En mayo del pasado año, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron una Regulación que permitía que la Oficina Europea Antifraude (OLAF) pudiera realizar investigaciones administrativas en instituciones, oficinas y agencias de la UE. Sin embargo en octubre y en noviembre del 1999 año ni el BCE ni el BEI habían reconocido la competencia explícita de la OLAF.

La Comisión considera que ambas decisiones son incompatibles con la Regulación comunitaria, respaldada por los Estados miembros. Además, el Ejecutivo había propuesto un acuerdo por el que los bancos aceptarían los derechos de investigación de la OLAF, mientras se respetara la independencia y especificidad de cada institución.