Mediante un dictamen motivado, el Ejecutivo comunitario denuncia que estos requisitos "infringen las normas del Tratado de la CE sobre la libre prestación de servicios".

Este dictamen es la segunda etapa del procedimiento de infracción previsto en la normativa de la comisión. En caso de no recibir una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, Bruselas podrá llevar a España ante el Tribunal de Justicia.