La propuesta ha sido presentada por el portavoz de la comisaria de Transportes y Energía, Loyola de Palacio, y pretende abrir a la competencia alrededor del 80% del mercado del transporte público europeo. Incluye algunas excepciones, como los mercados donde el sector se rija por contratos inferiores a los 400.000 euros (66,5 millones de pesetas) o las ciudades que, como Madrid, dispongan deun servicio de transporte integrado.

Además, la propuesta hace hincapié en la necesidad de que las autoridades municipales garanticen un equilibrio donde se aprovechen las ventajas de la liberalización (bajada de precios y mayor eficiencia) con el mantenimiento de unos servicios mínimos. En este sentido, cita a Manchester como ejemplo de fracaso en el proceso de liberalización del sector.

En la actualidad, once de los quince Estados de la UE, entre ellos España, han abierto parcialmente a la comptencia su transporte público. El reglamento que se presenta incluiría la posibilidad de liberalizar el servicio tanto en el transporte por carretera como en el de barcos y ferrocarriles. Propone que las concesiones sean de un máximo de 5 años y establece mecanismos de protección al trabajador en caso de cambio de operador.

En los países donde el sector ha sido parcialmente liberalizado trabajan ya varios operadores internacionales, como es el caso de la empresa española Trapsa, que opera en la ciudad rancesa de Perpiñán, o de la británica National Express, con negocios en Bélgica y Holanda.