Sin embargo, el Ejecutivo no suspenderá la ayuda comunitaria del 85% del proyecto, otorgada a través de los Fondos de Cohesión. Esta medida había sido propuesta por la eurodiputada socialista María Sornosa, quien había denunciado que el único estudio existente sobre el proyecto presenta grandes lagunas en cuanto a su impacto medioambiental.

La eurodiputad había insistido en los numerosos daños causados en la zona, sobre todo a las especies autóctonas de árboles situados en el parque natural del "Desierto de las Palmas".

Desde que fue aprobado el proyecto de construcción, en 1996, varias asociaciones de la región han ido denunciado los problemas medioambientales del tramo, en especial para las ciudades de Oropesa y Benicasim, como la destrucción de ciertos barrios, los riesgos por proximidad a colegios y los daños causados por desmantelamiento de huerts y ganadería, entre otros.