El requerimiento, que toma la forma de dictamen motivado, obliga a España a presentar una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses o en caso contrario Bruselas puede decidir someter el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Tras analizar la respuesta española a la carta de emplazamiento, la Comisión sigue opinando que el procedimiento de autorización previa aplicado a las citadas operaciones de adquisición excede de lo necesario para garantizar el suministro mínimo de productos y servicios energéticos esenciales y puede resultar disuasorio para las inversiones procedentes de otros Estados miembros, lo cual va en contra de la libertad de circulación de capitales y del derecho de establecimiento.

Por otra parte, la Comisión precisa que en el Derecho secundario de la UE ya incorporado (o en proceso de incorporarse) al ordenamiento jurídico nacional están tratadas claramente las preocupaciones de las autoridades españolas a este respecto.