Según anunció la Comisión, las demandas contra España en el Tribunal de Justicia atañen a un problema de contaminación de aguas de una playa de Valencia, a tres vertederos incontrolados en Almeria y a la falta de valoración de los efectos de extracción de arena y de la regeneración de las playas en la costa mediterránea.

Los dos apercibimientos finales que España recibirá de la Comisión se refieren a un proyecto de regadío en la provincia de Lleida, que afecta a una zona considerada importante para especies de aves silvestres, y a varios proyectos de minas a cielo abierto en León.

Si el Tribunal de Justicia dictamina que se ha infringido el Tratado, se exige al Estado miembro infractor que tome medidas necesarias para remediar la situación antes de imponer castigos económicos.