Los países cuyas ayudas subvenciones a empresas nacionales fueron declaradas total o parcialmente contrarias al Tratado de Roma son Francia, en 18 ocasiones, Italia en 17, Bélgica en 11, Alemania en 9, Holanda en 1, España en 1 y Dinamarca en 1.

Este dato pone de manifiesto que España hasido, desde su adhesión a la CE, uno de los países más respetuosos con los preceptos del tratado fundacional de la Comunidad que prohibe "las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones".

La ayuda concedida por la Administración española que la Comisión Europea estimó parcialmente contraria a la legislación comunitaria fue la subvención de 69.376 millones otorgadala fabricante de camiones ENASA, dentro del plan de reestructuración puesto en marcha en 1987.

De ese importe, la Comisión declaró compatibles con el mercado común las ayudas hasta un importe de 46.736 millones de pesetas y no compatibles los 23.000 millones restantes. De esta manera, se asegura "la adecuada proporción entre la magnitud de las ayudas y el coste de la reestructuración".

Por sectores, el mayor número de las ayudas declaradas ilegales iban dirigidas al sector del automóvil, con un otal de seis, seguido de los sectores de tejido y fibras sintéticas, con cuatro; el del azúcar, con tres; y el de vidrio plano, con otras tres.

Otros sectores a los que destinaron ayudas declaradas ilegales son los del aluminio, cinematografía, naval, pesca, petroquímico, frutas y hortalizas, azúcar, piensos y papel prensa.

Entre las ayudas públicas declaradas ilegales figuran las del papel prensa. A este respecto, la Comisión Europea estableció el 3 de mayo de 1989 que debía cesar la política de Gobierno italiano consistente en pagar a precios más altos el papel prensa producido en Italia que el procedente de otros estados y en comprar cantidades cada vez mayores de la producción nacional.