Dicho informe, que cubre los años 1994 y 1995, tiene el objetivo de cumplir una de las disposiciones incluidas en la norma comunitaria según la cual las autoridades nacionales competentes deben establecer un estricto sistema de supervisión y control de los transportes de residuos radiactivos.

La normativa comunitaria establece que el transporte de estas sustancias debe obtener la autorización de las autoridades del Estado de origen, y que este permiso sólo puede conceerse tras el acuerdo del resto de las autoridades de los demás países comunitarios involucrados en el traslado.