Según la Comisión, la legislación española no es conforme con con la directiva sobre los agentes y corredores de seguros ni con las reglas sobre la libre prestación de servicios.

Por una parte España exige, contrariamente a lo autorizado por la directiva, un control sustancial y noun simple control de autenticidad de los documentos suministrados como prueba de que el solicitante dispone de garantias financieras suficientes.

Además, las autoridades españolas imponen la obtención de una autorización previa para operar sobre el territorio español no sólo para los profesionales que desean establecerse en España, sino también para los que desean prestar sus servicios con límite temporal.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, esta exigencia es contraria a la legislacón comunitaria, ya que los prestatarios de servicios no pueden estar sometidos a las mismas condiciones que las que deben ser respetadas en materia de establecimiento.

La Comisión envió otro dictamen motivado contra España por no transponer a la legislación nacional una directiva relativa al etiquetado de productos alimenticios.

Según afirmaron fuentes de la Comisión, las autoridades españolas no han aplicado una regla comunitaria que data de 1996 en el etiquetado de algunos edulcorantes, omitieno así información que se debe facilitar a los consumidores.

Si en el plazo de dos meses no se ha recibido una respuesta satisfactoria por parte de España, el Ejecutivo comunitario podrá acudir al tribunal de Justicia de Luxemburgo.