Según fuentes de la Comisión Europea, la Directiva sobre sustancias peligrosas, una de las primeras piezas legislativas de la UE en materia de calidad medioambiental, establece directrices para combatir la contaminación de las aguas por una larga lista de sustancias peligrosas y requiere a los Estados miembros que adopten programas de reducción de la contaminación, en los que se establezcan objetivos obligatorios en materia de calidad de las aguas y un sistema de autorizaciones pra vertidos.

La Comisión obtuvo entre 1998 y 2000 sentencias del Triubunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra España, Bélgica, Luxemburgo e Italia por no adoptar programas de reducción de la contaminación para 99 sustancias peligrosas en el agua.

Asimismo, el Tribunal confirmó la necesidad de que estos programas de reducción de la contaminación sean específicos, completos y coordinados.

Aunque parece que estos Estados miembros avanzan en la elaboración de los programas necesarios aún están por concluir y enviar a la Comisión, raón por la que ésta ha decidido adoptar medidas con arreglo al artículo 228 del Tratado CE y dejar patente la competencia de la Comsión por lograr un cumplimiento más rápido y riguroso de las sentencias del mencionado tribunal.

Los Estados miembros concernidos tendrán la oportunidad de responder al escrito de requirimiento de la Comisión, aunque de no darse una respuesta satisfactoria, aquélla puede enviar un dictamen motivado.