La aprobación se produjo con tres votos a favor y ninguno en contra, debido a que los dos vocales de la comisión pertenecientes a la minoría del CGPJ decidieron marcharse, al no estar de acuerdo ni con la propia realización del informe ni con que Requero fuese el ponente.

El portavoz del CGPJ, Enrique López, manifestó que las dos ausencias de la minoría hay que interpretarlas como sendos votos en contra.

Asimismo, insistió en que el CGPJ "tiene plena competencia para estar haciendo lo que está haciendo". Se refería así a las críticas de la minoría, que sostiene que el Consejo no tiene competencia para realizar este estudio sobre el Estatuto de Cataluña.

"Lo está haciendo de conformidad con la ley, lo está haciendo porque hay una norma reglamentaria que le permite hacer cualquier tipo de estudio relacionado con el Poder Judicial", dijo López.

Asimismo, negó que la realización del estudio sobre la reforma del Estatuto de Cataluña se haya debido a motivaciones políticas.

"Quiero negar cualquier tipo de juicio de voluntades que se vienen haciendo en los últimos días por parte incluso de responsables del poder ejecutivo, atribuyéndole a la voluntad de los que queremos hacer este estudio una especie de correa de transmisión de no sé qué partido político, cuando aquí lo que estamos defendiendo es la Constitución, el orden constitucional, y la Constitución no tiene partidos políticos, porque es de todos", dijo.

TAL CUAL

El portavoz del CGPJ explicó que el estudio ha sido aprobado "tal cual ha sido redactado" por el ponente desginado, José Luis Requero.

Recalcó que el estudio se refiere sólo a los aspectos judiciales del proyecto de reforma del Estatuto catalán y pone de manifiesto que es contrario a la Constitución.

El borrador votado esta mañana, que deberá ser aprobado definitivamente en un pleno del CGPJ, sostiene que el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña que será tramitado en el Congreso "es inconstitucional porque asienta las bases para la creación de un Poder Judicial estrictamente catalán, distinto del estatal".

Dicho Poder Judicial catalán, según el informe, "tendría su propio órgano de gobierno, crearía sus propios tribunales, determinaría la demarcación judicial, seleccionaría a sus propios jueces y contaría con su propio tribunal de casación para toda jurisdicción y cualquiera que sea la forma aplicada, estatal o autonómica".

El texto afirma, entre otras cosas, que crear un Consejo de Justicia de Cataluña daría lugar a "un régimen gubernativo judicial sólo para una parte de España, rompiendo su unidad".