Dicha directiva sobre evaluación del impacto ambiental tiene por objetivo proteger el medioambiente exigiendo que los efectos medioambientales de los proyectos se analicen antes de su aprobación y garantizando una consulta pública previa.

En este sentido, la Comisión ha decidido llevar a España al Tribunal de Justicia debido a los defectos que presenta la legislación española introducida para aplicar la directiva de evaluación de impacto ambiental.

Bruselas estimaque la normativa española "no da garantías para la debida información pública sobre las decisiones ante proyectos ya sometidos a la evaluación de impacto ambiental".

Junto a España la Comisión ha emprendido acciones legales por la misma cuestión contra Bélgica, Italia y el Reino Unido.

Por otra parte, la Comisión ha enviado un último apercibimiento por escrito a España por incumplir la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y la directiva sobre aguas de baño en Sueca, en l región de Valencia.

El escrito señala que en Motilla, Valencia, la inadecuada modernización de las operaciones de aguas residuales en el área ha producido la contaminación de las aguas de la playa. Las autoridades españolas, recuerda, han indicado que hay en curso trabajos de construcción para tratar las aguas residuales urbanas.

Por incumplir la legislación comunitaria en materia de calidad de las aguas la Comisión también ha actuado contra Grecia, Francia, los Países Bajos, Bélgica, Portugal, lemania e Irlanda.