Una situación de la que parece que sería conveniente que la Mesa de la Asamblea informase a la Comisión de Economía, "para que los grupos parlamentarios, si lo estiman oportuno, repitan la iniciativa correctamente", precisan las conclusiones del estudio jurídico.

La Comisión, en la reunión de 21 de noviembre de 1991, acordó proponer a los ministerios de Economía y Hacienda e Interior que, en el marco de una nueva regulación legal de las actividades de juego, impidan que las percepciones salariales básicas de los trabajadores, así como las cotizaciones a la Seguridad Social sean abonadas con cargo al denominado "tronco de propinas".

La otra resolución aprobada ese mismo día fue la de "instar a los representantes de empresa y trabajadores para que reinicien las negociaciones del convenio, en linea de flexibilidad por ambas partes, a fin de conseguir un acuerdo a la mayor brevedad posible".

El documento de los abogados del Parlamento regional expone qe cuando se estaban formalizando las propuestas "con irregularidades", los diputados fueron avisados.

"Tras la lectura, previa a la votación, del acuerdo primero, la letrada informa que la Comisión directamente no puede instar al Ministerio; tiene que instar al presidente de la Asamblea para que transmita este acuerdo, a través de la presidencia de la Comunidad", aclara el texto jurídico.

"En relación al segundo acuerdo, la letrada informa que sobre esta propuesta lo que puede manifestar la Comisón es el deseo de que las partes se pongan de acuerdo, pero la Comisión tampoco tiene facultades mediadoras en el conflicto como tal, sino simplemente el deseo", insisten los expertos.

Los miembros de la Comisión de Economía y Empleo, tras la decisión de los Servicios Jurídicos, deberán presentar sus anteriores acuerdos como Proposición No de Ley para su posterior tramitación, según decisión final de la Mesa de la Asamblea, en su reunión del pasado 11 de febrero.