Esta resolución, que fue adoptada de acuerdo con el informe remitido por el Servicio de Inspección del CGPJ, se produce después de que el máximo órgano de Gobierno de los jueces acordase abrir una investigación para determinar el retraso en la tramitación de dicha causa, que motivó que tres de los componentes del 'comando Matalaz' huyesen tras ser puestos en libertad l pasado mes de junio por haberse cumplido el plazo máximo de 4 años de permanencia en prisión preventiva sin haber sido juzgados.

Para tramitar dicho expediente, la comisión ha nombrado como instructor al magistrado José Jiménez Villarejo, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo quien, una vez que realice las diligencias que considere oportunas, elevará al CGPJ la propuesta que proceda, bien de sanción de los dos magistrados o de archivo del expediente.

La Comisión Disciplinaria matiz en su acuerdo que la exigencia de responsabilidades, ahora limitadas a los dos ponentes, podría ampliarse si procediese.

Además de este acuerdo, el CGPJ también decidió hoy enviar testimonio del informe del Servicio de Inspección al Ministerio de Justicia e Interior "por la posible negligencia en la actuación" del secretario judicial de dicho tribunal, Joaquín Sampedro.

FISCALIA

Asímismo, adoptó la medida de remitir testimonio del acuerdo y documentación pertinente sobre este asunto al fiscal eneral del Estado, Carlos Granados, "ante la demora apreciada en la intervención del ministerio fiscal en la causa de referencia".

En este sentido, fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que el fiscal del caso, Jesús Santos, ya envió voluntariamente el pasado 1 de noviembre un informe a Granados en el que le explica objetivamente su actuación en la causa y le aporta los dictámenes emitidos a lo largo de la instrucción por parte del fiscal.

Entre estos documentos, el fiscal aportó a Granados u escrito del pasado 5 de mayo por el que el representante del ministerio público solicitó a la sala que le diera traslado del sumario para comprobar por qué no había sido señalado todavía el juicio contra el 'comando Matalaz'.

Asímismo, facilitó otro informe por el que pidió al tribunal que no se computase como tiempo de permanencia en prisión preventiva el plazo entre el 27 de diciembre y el 12 de febrero en el que, a su juicio, se produjo una dilación en la tramitación de la causa por parte de la deensa de los presuntos etarras.

Explicaron que, durante ese periodo, la defensa tuvo en su poder la causa para evacuar su escrito de defensa y ante la demora en su presentación, los abogados fueron apremiados para que lo evacuasen en el plazo de 24 horas, lo que no hicieron hasta el pasado 12 de febrero.

Posteriormente, el pasado mes de junio el fiscal pidió al tribunal que señalase con urgencia la fecha para la celebración de la vista oral contra el 'comando Matalaz', que finalmente se produjo elpasado 28 de septiembre.

La Comisión Disciplinaria también ha apreciado una "posible actuación negligente o retardatoria" en los abogados del 'comando Matalaz', por lo que decidió también remitir el acuerdo y testimonios pertinentes de las diligencias a los Colegios de Abogados y Procuradores de Madrid.

Precisamente, la sección segunda de la Sala de lo Penal debe resolver una petición del fiscal para abrir un expediente a dichos letrados y deducir testimonio para remitirlo al juzgado competente pr si su actuación fuese constitutiva de delito.

GARZON

Tras la reunión de la comisión, su presidente, José Antonio Zarzalejos, señaló que la dilación en la tramitación de esta causa no se puede imputar a los magistrados que la instruyeron, los jueces Baltasar Garzón y Manuel García-Castellón, dado que "en la instrucción del sumario hasta que llega a la sala no se aprecia por la Inspección retrasos significativos".

Agregó que la demora en el cumplimiento de los plazos es una regla general que ocrre en los juzgados por el exceso de trabajo, pero destacó que en el caso del juzgado de Garzón "no se han detectado retrasos significativos para hacer una investigación concreta".

Explicó que la apertura del expediente a los dos ponentes del sumario tiene la finalidad de "depurar todos los aspectos concretos" de la dilación en la tramitación de la causa, aunque matizó que no hay "ninguna inculpación previa a nadie, sino un proceso de investigación cuya única vía es el expediente discipliario".

Fnalmente, señaló que la decisión de la Comisión Disciplinaria va encaminada a determinar si ha habido responsabilidades por unas demoras en la tramitación, lo que "no afecta en absoluto al contenido de los actos jurisdiccionales que se hayan producido en la causa, ya que es competencia de la jurisdicción y no del CGPJ".