Según las grabaciones telefónicas entre Jorge Ollero y Pedro Llach, registradas por la Policía Judicial de Sevilla, relacionaban el cobro de comisiones ilegales con el PSOE, al igual que denunicaban los anónimos que dieron lugar a la invesigación.

A pesar de que la comisión de investigación parlamentaria ha dispuesto de más de un mes para el esclarecimiento político del caso, los partidos políticos han denunciado diversas maniobras para ocultar datos esenciales.

Tanto el Partido Popular, Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía y el Partido Andalucista han mostrado sus quejas, en sus conclusiones finales, por la incomparecencia ante la comisión de investigación de los principales encausados, Pedro Llach y Jorge Ollero.

En e ánimo de estos grupos políticos, tanto Llach como Ollero han tratado de ocultar el destino final de las comisiones, si bien no hacen referencia a la posible vinculación del PSOE o la Junta de Andalucía como receptora final del dinero, lo que apunta al beneficio propio.

Asimismo, representantes de los principales grupos de la oposición andaluza han solicitado la elaboración de una Ley, por la que todos los ciudadanos estén obligados a comparecer ante las comisiones parlamentarias, bajo amenaza de sancón.

El ex director general de Carreteras de la Junta de Andalucía, Manuel Ollero, y el funcionario de la Consejería de Economía, Antonio Mena Anisi, aparecen en las conclusiones como los principales responsables de la prestación de información privilegiada a los encausados Jorge Ollero y Pedro Llach.