Como ya era conocido, el dictamen atribuye la responsabilidad de la situación de insolvencia a la que llegó la entidad bancaria a Mario Conde y los directivos que colocó al frente de dicha entidad, que en el momento de la intervención por parte del Banco de España, a finales de 1993, presentaba un déficit de recursos propios de 605.000 millones de pesetas.

Finalmente, se ha obtenido la unanimidad en el apoyo de todos los grupos políticos a este dictamen, apoyo unánime queya habían manifestado con anterioridad.

El dictamen respalda la actuación del Banco de España en la intervención así como todos los pasos que el gobernador, Luis Angel Rojo, fue dando desde el momento de la intervención hasta el momento de su adjudicación al Banco Santander, tras el proceso de subasta.

Sin embargo, el Partido Popular ha mostrado ciertas reservas sobre la actuación de la autoridad monetaria en todo el proceso, especialmente, acerca de posibles presiones políticas que habrían podid retrasar la intervención, y que previsiblemente serán expuestas por sus portavoces en el pleno del próximo jueves.