El secretario general de Empleo, Marcos Peña, aseguró a Servimedia que esta norma tendrá efectos muy positivos en el mercado laboral en 1996 y que con ella se da cierre a las diferentes medida que completan la reforma laboral.

A partir de ahora el Inem centrará su actuación en la búsqueda de empleo y prestación de servicios a los colectivos con más dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Los SIPE del Inem prestarán una atención "individualizada y personalizada" a estos colectivos.

La normativa establece que las agencias de colocación deben carecer de fines lucrativos, por lo que sólo cobrarán por los gastos que ocasione el servicio prestado, respetarán el principio de igualdd en el acceso al empleo, actuarán en el ámbito territorial reconocido y tras la concesión de la preceptiva autorización y no podrán subcontratar con terceros la prestación del servicio para el que están autorizadas.

La autorización para operar será concedida por el Inem, al que tendrán que notificar un balance y memoria de actividad anual, así como los datos de demandantes de empleo, para que puedan ser inscritos en el instituto oficial.

Dicha medida ha sido criticada por los sindicatos CCOO y UT, quienes defienden la necesidad de potenciar la eficacia y operatividad el Inem.

Asimismo, han advertido de la posibilidad de que la legalización de estas empresas pueda introducir valores de discriminación y desigualdad de oportunidades en el acceso al empleo, además de cuestionar el carácter no lucrativo de las mismas.

Tanto CCOO y UGT creen que las agencias privadas de colocación conllevarán una mayor precarización del empleo y reforzarán los elementos de temporalidad y desprotección social n el mercado laboral.