"Éste es un proyecto de país que debemos hacer entre todos y, por lo tanto, les invito una vez más a que sumemos nuestros esfuerzos y trabajemos conjuntamente", indicó Caldera, quien aseguró que el Gobierno "no regateará esfuerzos" para conseguir el máximo consenso de la ley.

La diputada popular María Salom insistió en que la norma "llega tarde" y criticó la memoria económica que incluye, por considerarla "deficitaria". Pidió también al Gobierno que "concrete cuál será el nivel mínimo de protección estatal" previsto en el proyecto.

Al término de la reunión de trabajo, la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor, declaró a los periodistas que su grupo está dispuesto a apoyar la ley si resuelve primero aspectos tan importantes como la financiación íntegra del Estado del nivel básico de dependencia marcado en el texto de la norma.

Del mismo modo, Pastor señaló que, para que los populares respalden la ley, ha de decirse claramente en su articulado que el derecho que crea es "subjetivo", algo que subraya Caldera siempre, pero que no queda fijado en la ley.

Además, el PP insiste en que la norma debe dejar claro cómo será concretamente el nuevo derecho y quiénes serán sus destinatarios.

En esta linea, el Diputado del PNV Emilio Olabarría advirtió de que "la ley no es universal porque no protege todas las situaciones" al dejar fuera de ella a algunos colectivos. No es tampoco, dijo, gratuita, como sí ocurre con el sistema de la Seguridad Social y no es, igualmente, absolutamente pública por permitir la prestación de servicios por entidades privadas y "remite casi todo" al desarrollo parlamentario posterior, a pesar de que hay aspectos que no lo admiten.

"Ésta no es la ley que requieren los dependientes del Estado español", sentenció Olabarría, quien acusó además al Ejecutivo de no haber negociado con el PNV "con la intensidad" que debiera haberlo hecho.

LEY DE RIESGO

Por su parte, Joan Tardá, de Esquerra Republicana, dijo que la de Dependencia "es una ley de riesgo porque puede tener problemas competenciales", a pesar de lo cual, aseguró, su grupo ha decidido "asumir ese riesgo" y apoyarla por tener "un norte" que comparte con el Partido Socialista.

En este sentido, Carles Campuzano, de CiU, advirtió de que, si no se corrige el texto, el Tribunal de Garantías Estatutarias puede determinar problemas de inconstitucionalidad.

Señaló, como el PNV, que el texto no garantiza la universalidaddel derecho que crea y que no da tampoco libertad de elección a las familias para que opten por un tipo de atención o por otro.

El ministro de Asuntos Sociales salió al paso de estas críticas asegurando que el derecho a la atención que tendrán las personas dependientes que lo precisen será, efectivamente, universal, ya que se prevé para cualquier español, cotice o no a la Seguridad Social.

Con respecto a la no inclusión del término subjetivo en la ley, indicó que ninguna norma añade adjetivos a los términos básicos y que, lo señale o no el texto, el derecho sí es subjetivo para todos los españoles.