Las mismas fuentes explicaron en un comunicado que los hechos denunciados ocurrieron en 1985, "cuando sin celebración de juicio oral y por conformidad entre el fiscal jefe y el letrado defensor de los narcos, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia venía imponiendo penas de un año de prisión por delitos de tráfico de heroína pura en grandes cantidades, contrabando y tenencia ilícita de armas"

Además, La Coordinadora de Barrios acusa al fiscal jefe, ya jubilado, de "eliminar sistemáticamente de su calificación el subtipo agravado 'cantidad de notoria importancia'", así como de no apreciar los delitos de contrabando ni tenencia ilícita de armas.

"Soslayaba", agrega la nota, "los antecedentes penales y reputaba insolventes a traficantes a los que se les ocupaban millones de pesetas y divisas, tarjetas de crédito, pisos, yates, joyas, cuentas corrientes, etcétera".

Según la acción ppular, ejercida por diversos colectivos anti-droga, la pena impuesta a los acusados siempre era de un año de prisión menor. "El letrado se conformaba y la sala dictaba sentencia sin más trámites", argumentan.

De esta forma, aseguran, la condena condicional reducía la pena a mera apariencia de sanción, por lo que "conocidos traficantes de drogas, como 'El marqués', a quien se le ocuparon más de 200 gramos de heroína con una pureza superior al 90 por ciento, salieron en libertad provisional a los tres mses".

La coordinadora recuerda, asimismo, que tras cumplir su condena le fueron devueltos más de 20 millones en pesetas, divisas, joyas y las tarjetas de crédito que las fuerzas del orden le ocuparon en el momento de la detención, a pesar de que había sido declarado insolvente por la sala.

MAFIOSOS EN LIBERTAD

"Llegaron a poner en libertad provisional", añade el comunicado, "a mafiosos italianos sin siquiera acreditar su identidad y pese a carecer de domicilio en España".

En 1990, según la mismas fuentes, los magistrados querellados siguieron en sus puestos, pese a la incorporación de otros nuevos que "se encontraron con que encabezaban sentencias que no habían firmado, con que se dictaban sentencias sin deliberar, se les presentan a la firma autos de libertad cuando ya estaba depositada la fianza y con que se falsificaba su firma en determinadas resoluciones".

La Coordinadora de Barrios arremete también contra el actual fiscal jefe, del que dicen que manifiesta "el más olímpico desintrés, inhibición y apatía acusatoria a lo largo del proceso", y critica al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por considerar que no ha atendido las denuncias que le han formulado.

El diario local "La Opinión" ha informado que sobre uno de los beneficiados por estas sentencias, que declaró como testigo en el ante-juicio, pesaba una orden de busca y captura.

Este suceso ha motivado que la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (Ainco) haya formulado una nueva querella contra el Tribnal Superior de Justicia, el actual fiscal jefe y otro magistrado, por prevaricación.

El artículo 359 del Código Penal impone la pena de inhabilitación especial a los funcionarios públicos que dejen "maliciosamente de promover la persecución y castigo de los delincuentes".

Para la Coordinadora de Barrios, la clave de toda la red radica en la deuda de 100 millones de pesetas que, asegura, el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, José Antonio Pascual Martínez, mantiene con enidades de crédito y "grupos mafiosos de prestamistas".

"La acumulación de deudas", señala la nota, "ha obligado a José Antonio Pascual a vender sentencias cuasi exculpatorias, así como libertades provisionales y favores personales a los bancos y traficantes de drogas. Este magistrado sigue aún en su puesto, pese a que se ha solicitado su destitución del CGPJ en repetidas ocasiones".