COMIENZA EL JUICIO POR EL INCENDIO DE "ALCALA 20" CON LA AUSENCIA DEL PRINCIPAL ACCIONISTA DE LA DISCOTECA, GRAVEMENTE ENFERMO

MADRID
SERVIMEDIA

Hoy comenzó en la sección sexta de la Audiencia de Madrid el juicio por el incendio de la discoteca "Alcalá 20", ocurrido el 17 de diciembre de 1983,pese a la ausencia de uno de los ocho procesados, Juan Antonio Iglesias, principal accionista de la sala de fiestas en la que murieron 81 personas, que se encuentra gravemente enfermo.

El fiscal, la mayor parte de las acusaciones y de las defensas pidieron a la sala que suspendiera cautelarmente la vista por esta incomparecencia, que les fue comunicada minutos antes de que comenzara la sesión.

Las partes ignoraban que Iglesias sufre una hemiplejia que le mantiene prácticamente paralizado desde agsto de 1990 y se encuentra "desorientado espacial y temporalmente", según consta en un informe elaborado por el médico forense en el que se basa la decisión del tribunal de archivar cautelarmente el proceso en lo que respecta a este procesado y continuar con el juicio.

El abogado del enfermo, José María Stampa Barun, comentó que la enfermedad es "progresiva e irreversible" y que, en apenas tres años, su defendido ha sufrido varios ataques cardiacos y cinco derrames cerebrales.

La decisión de la sla fue acogida con disgusto por las partes, que anunciaron su intención de recurrir el auto judicial, ante la posibilidad de que afecten a las garantías procesales. Incluso una de las partes comentó que recurriría en amparo ante el Constitucional y pediría la anulación de todas las actuaciones.

De producirse un desenlace fatal, éste sería el tercer procesado fallecido desde que se inició la causa, hace ya casi diez años, ya que con anterioridad también murieron Juan Velasco, el arquitecto que realizó n informe sobre las condiciones del local, y Carlos Giganto, decorador de la sala.

El fiscal pide para Iglesias cuatro años y 2 meses de prisión por imprudencia temeraria y falsedad en documento público, mientras que para el resto de los procesados exige condenas que oscilan entre los 2 años y 6 meses de arresto, excepto en el caso del ex concejal del Ayuntamiento de Madrid Emilio García Horcajo, a quien exculpa por entender que no tenía la obligación de inspeccionar la discoteca.

Asimismo, se enuentran encausados los otros cuatro propietarios de "Alcalá 20" (Emilio Urdiales, Carlos José Mendoza, Pedro Rascón y Doroteo Martín), un vocal de la antigua Junta Central Consultiva de Inspección del Ministerio del Interior, Guillermo Herranz, y el ingeniero técnico industrial Miguel Gabaldón.

UNA TRAMPA MORTAL

La primera sesión de la vista estuvo además dedicada a la lectura de las conclusiones provisionales de las partes por parte de la secretaria judicial.

La funcionaria narró los pormenore de la tragedia ante algunos familiares de las víctimas del siniestro, la mayoría de las cuales fallecieron después de inhalar gases tóxicos que les hicieron perder el conocimiento mientras buscaban la salida del local.

Lo que empezó siendo un pequeño fuego en el escenario terminó en un incendio incontrolable a causa del material altamente inflamable utilizado en la decoración de la sala. En pocos segundos las llamas alcanzaron el cortinaje que colgaba del techo y el fuego se propagó por todo el local

De acuerdo con el escrito de acusaciones del fiscal, la "total imprevisión de los propietarios", que no se preocuparon de cumplir con las normas de seguridad exigible al reformar el local apenas unos meses antes del siniestro, fue la causa de que la discoteca se convirtiera en una trampa mortal.

Los extintores no funcionaron, la manguera carecía de presión suficiente para apagar el fuego porque estaba mal instalada y las deficiencias en la instalación eléctrica impidieron que se encendieran las uces de emergencia, mientras que la mala señalización impidió a las cerca de 300 personas que se encontraban en la discoteca acceder con facilidad a la salida.

Los familiares de las víctimas sólo esperan ya que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento y del Estado para poder cobrar las indemnizaciones. Ambas instituciones acordaron el año pasado abonar un total de 1.500 millones de pesetas a los afectados (13,5 millones por fallecido), pago que no se ha llevado a cabo por problmas burocráticos.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala, manifestó hoy con respecto al retraso que ha sufrido este proceso judicial que es necesario abordar con urgencia la reforma procesal para impedir que se produzcan dilaciones de este tipo, porque "es una disfunción y yo soy el primero en acusarlo en todas mis intervenciones".

(SERVIMEDIA)
04 Oct 1993
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