Esta mañana testificaron diversos miembros de las diez familias implicadas, así como otros gitanos que ocupan chabolas en terrenos colindantes al de los denunciados.

Durante la vista, la mayoría de los declarantes aseguraron que si no reciben otro terreno a cambio no etán dispuestos a abandonar el que ocupan en la actualidad.

El 20 de septiembre pasado, el poblado gitano de Móstoles fue desalojado de su anterior enclave, un terreno de denominado Prado de Regordoño. Según los testigos, el propio ayuntamiento autorizó a unas 30 familias a que ocuparan el lugar del que ahora quieren desalojarlas.

Este terreno está dividido en tres parcelas con sus respectivos ocupantes, siendo el propietario de una de ellas (en la que habitan las diez familias afectadas) el que h presentado la denuncia en el juzgado número cuatro de Móstoles.

Los gitanos declararon durante la vista oral que el ayuntamiento les había prometido que pronto les concedería una vivienda digna. Sin embargo, un portavoz de los gitanos manifestó a Servimedia que todavía "no ha cumplido ninguna promesa".

"Nos piden que los votemos cuando llegan las elecciones y ellos no hacen nada por nosotros", señaló este mismo portavoz aludiendo a la corporación municipal de la localidad.

Por su parte, el uez intentó constatar si el ayuntamiento presta al poblado gitano servicios básicos, como el abastecimiento de agua, recogida de basuras y transporte escolar.

El letrado que defiende a las familias afectadas indicó que el gobierno municipal no presta ningún servicio al poblado, al margen de los mencionados, a pesar, dijo, de las promesas formuladas durante los últimos meses.

El juez decidió citar en días posteriores al resto de las partes testificales propuestas por la parte denunciante, entre elas la compañía Iberduero.

Los gitanos de Móstoles han decidido iniciar en los próximos días acciones de reivindicación de sus derechos para dar a conocer a sus vecinos su situación y el incumplimiento de las promesas que en su día realizó el ayuntamiento.