En declaraciones a Sevimedia, Pere Llorens, secretario general de la CEC, aseguró que en Cataluña la jornada de ayer ha demostrado que ni los trabajadores del comercio ni los pequeños comerciantes aceptan las medidas del Gobierno, y lo mismo en el resto de España.

Esta federación, que engloba a 600.000 comerciantes de todas las comunidades autónomas, advierte al Gobierno de que no cejará en su empeño hasta que el Ejecutivo "rectifique sus medidas" y "deje de perjudicar" a los pequeños comerciantes. Por ello, anunció que ls comerciantes se reunirán la próxima semana para convocar nuevas movilizaciones.

Mientras tanto, mantendrán sus conversaciones y la presión sobre los al menos siete gobiernos autonómicos que ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional las medidas liberalizadoras. Además de insistir en que los recursos se presenten "cuanto antes", según Llorens, pedirán que incluyan la solicitud de suspensión cautelar de la normativa, para que no entre en vigor.

REUNION CON AZNAR

Por su part, la secretaria de Comercio de UGT, Carmen Auñón, insistió en que la jornada de ayer fue un "éxito" y que los sindicatos mantendrán sus medidas de presión hasta que el Gobierno "reconosidere" su posición, que pone en peligro 65.000 empleos.

Auñón anunció además a Servimedia que los sindicatos de comercio pedirán por carta una reunión con el presidente del Gobierno, José María Aznar, ante la negativa del secretario de Estado de Comercio, Juan Costa -al que tachan de "monigote-, a recibirles.

Mientas, el miembro del sector de comercio de CCOO Antonio Ruda dijo a esta agencia que los sindicatos van a pedir la creación de una comisión estable de enlace entre sindicatos, comerciantes y Administración, para debatir todo lo que se refiere a este sector.

Insistió en que se mantendrán las manifestaciones y se exigirá a los empresarios que, para cumplir las ampliaciones de jornadas y los nuevos festivos, se realicen contratos fijos a tiempo parcial y no se abuse de la contratación temporal.

Finalmnte, CCOO confía en que la normativa del Gobierno no sea aplicada por las Comunidades Autónomas que, además, recurrirán las medidas liberalizadoras ante el Tribunal Constitucional.