El Consejo de Ministros fue informado hoy de este anteproyecto, que ha sido sucesivamente modificado desde su aprobación, hasta en siete ocasiones, y que ha suscitado quejas entre el pequeño y mediano comercio, que considera que esta norma liberalizadora beneficia sólo a las grandes superficies.

Entre las principales modificaciones que introduce el anteproyecto destaca la supresión de la definición de gran establecimiento comercial. Con ello se pretende evitar un trato "discriminatorio" desde la legislación estatal a los distintos formatos comerciales, al no hacer referencia a los metros cuadrados del establecimiento.

También se elimina la obligatoriedad de la licencia comercial y se establece el principio general de libre establecimiento.

El anteproyecto es coherente, además, con el proyecto de ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, actualmente en tramitación parlamentaria.

Está en línea con las recomendaciones de la Unión Europea en cuanto al ámbito de las autorizaciones, al eliminarlas con carácter general, con el objetivo de conseguir "un sector de la distribución comercial más dinámico, moderno y competitivo".

El anteproyecto responsabiliza a las comunidades autónomas, dado que el comercio interior es una materia que ha sido asumida como competencia exclusiva en los Estatutos de Autonomía.

La nueva regulación propuesta se inspira en el principio de libertad de empresa y busca "garantizar el equilibrio entre los diferentes modelos comerciales para que las necesidades de los consumidores sean satisfechas adecuadamente, tanto si residen en el centro urbano como en la periferia", de acuerdo con "los cambios en las pautas y hábitos de consumo de la población".