Millán afirmó que su organización no descarta la convocatoria de movilizaciones similares a las realizadas por comerciantes y pequeños empresarios contra la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

A su juicio, "esto es mucho más grave que la aplicación del IAE, porque aqí lo que está en juego es la supervivencia del pequeño comerciante", que no podrá hacer frente a la actualización de alquileres que solicitarán los arrendadores al amparo de la nueva ley.

La Confederación de Comercio ha transmitido su preocupación al presidente del Gobierno, Felipe González, y a los ministros de Obras Públicas, José Borrell, y de Industria, Claudio Aranzadi, para pedirles que reconsideren el texto del anteproyecto.

Millán afirmó que, de los 350.000 comercios regulados actualmentepor la Ley de Arrendamientos Urbanos anterior al decreto Boyer, sólo 50.000 tienen el tamaño suficiente para afrontar elevaciones significativas de alquileres.

El anteproyecto de la nueva Ley de Arrendamientos establece que los contratos de locales comerciales realizados con arreglo a la anterior normativa se prolongarán durante 15 años más si el arrendatario acepta actualizar la renta o 5, en caso contrario.