En declaraciones a Servimedia, Rodríguez Arribas señaló que las declaraciones de Auger, que provocaron la reacción de los damnificados por la colza pidiendo su dimisión, son de una "inoportunidad clamorosa", ya que se producen coincidiendo con la resolución el juez Bueren.

Señaló que aunque esté de acuerdo con el presidente de la Audiencia Nacional en que si las víctimas hubieran cobrado en su día las indemnizaciones "es muy posible" que no se hubiera iniciado este proceso penal contra los altos cargos, agregó que la vía penal contempla tanto la persecución del delito como el resarcimiento de los afectados.

En contra de lo sostenido ayer por Auger, el magistrado explicó que el fin de proceso penal es la persecución del delito, pero afirmó que el auxlio de las víctimas y su indemnización es también otra de las finalidades del procedimiento penal que no se puede separar del primero.

A su juicio, si existieran unos procedimientos civiles "ágiles, rápidos y efectivos", se reduciría el recurso a la vía penal para que las víctimas sean resarcidas. No obstante, indicó que si eso no ocurre, siempre será mejor el procedimiento penal que el abandono de las víctimas.

Finalmente, Rodríguez Arribas insistió en que aunque en la legislación anglosajona elprocedimiento penal y el civil están separados, en el derecho español la persecución del hecho delictivo y el resarcimiento de las víctimas están indisolublemente unidos, y calificó de "avance positivo" que el pago de las indemnizaciones esté contemplado en el procedimiento penal.

Por otra parte, el presidente de la asociación mayoritaria entre los jueces también se pronunció sobre el proyecto de delito fiscal que elabora el Gobierno y que incluye una excusa absolutoria para todos los que regularicen u situación espontáneamente, aspecto que para Auger puede ser inconstitucional.

Rodríguez Arribas coincidió en este aspecto con el presidente de la Audiencia Nacional y dijo que esa excusa no puede ser fijada de forma genérica mediante una ley, sino que el Ejecutivo debe establecer unas reglas generales que posteriormente deben aplicar los tribunales en función de cada caso concreto.

A su juicio, de lo contrario se causaría "una sensación de inmoralidad jurídica" y advirtió de la posible ilegalidd de dicho precepto, ya que podría anular el principio ejemplarizante de la ley en el derecho penal establecido por la Constitución.