A las puertas del Alto Tribunal, unos 500 afectados esperaban impacientes la sentencia del Supremo que confirma las indemnizaciones, de las que no se descontatrán gastos en productos farmacéuticos ni en asistencia médica o similares.

La sentencia afirma que existió delito, no falta, en la actuación de dos funcionarios públicos: Manuel Hernández Bolaños y Francisco Povedano Alonso, para los que decreta una pena de prisión de seis meses y un día.

La reolución judicial confirma que el Estado es el responsable civil subsidiario, de acuerdo con la condena impuesta a los dos funcionarios acusados de imprudencia con resultado de muerte.

Así, las indemnizaciones quedarán en siete millones y medio de pesetas para los casos de muerte por el síndrome tóxico y una cantidad que oscila entre las 75.000 pesetas -para los afectados entre uno y 60 días- y los 45 millones de pesetas para los casos de gran invalidez.

Esta sentencia del Supremo se ha hecho públca 16 años después de los hechos, que ocurrieron en 1981 y que tuvieron como consecuencia entre 1.000 y 2.000 muertes y alrededor de 20.000 personas afectadas, además de provocar la incapacidad laboral a unas 6.000 personas.