Sierra Gómez añadió que los poderes públicos eran conscientes de que la tardanza en resolver este asunto "estaba haciendo un daño enorme a los afectados".

La representante de los perjudicados por el aceite de colza se mostró satisfecha de que el Supremo haya condenado a dos funcionarios como responsables del caso y que haya onsiderado que su actuación consituyó delito, y no sólo falta.

Asimismo, Sierra Gómez indicó que se encontraba satisfecha con la indemnización fijada por el Supremo, que el Estado deberá abonar como responsable civil subsidiario a los aproximadamente 20.000 afectados del síndrome tóxico.