Esta asociación de consumidores, en contra de la opinión del abogado del Estado y del fiscal, considera que los imputados deben responder individualmente por delito de imprudencia en el cumplimiento de sus obligaciones, dados los cargos que ostentaban para el control de la importación, distribución y comercialización del aceite.

El abogado del Estado y el fiscal mantienen ue los funcionarios acusados no han cometido delito alguno de imprudencia, por lo que no debe derivarse la responsbilidad civil subsdiaria de la Administración.

Además, el abogado del Estado considera que con las indemnizaciones concedidas por la Oficina de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico, que, según la OCU, ascienden hasta el presente a 18.000 millones de pesetas, quedaban compensados los afectados y familiares de los fallecidos por el aceite de colza.

A este respecto, la CU asegura que estas indemnizaciones sólo las ha percibido un colectivo de afectados inferior a las 8.000 personas, que son los que acreditan unos ingresos por unidad familiar inferiores a los topes fijados, mientras que los afectados con ingresos superiores, que son unas 12.000 personas, no han recibido ayuda alguna.