Según manifestaron a Servimedia García-Pablos, que representa a unos 5.000 afectados, e Ignacio Uriarte, letrado de la OCU que representa a cerca de 2.400 damnficados, el auto de la Audiencia Nacional interpreta restrictivamente la sentencia del Supremo, que señala que tienen derecho a indemnización todos los afectados, estuvieran o no representados en la causa, siempre que figuren "en las listas y anexos".

"Hay una discordancia entre las listas y anexos de la sentencia y las listas del Insalud de enfermos que tenían cartilla, que tenían carpeta, que figuran en los censos oficiales como tales enfermos, pero que no aparecen en las listas y anexos de la sentecia", indicó García-Pablos.

Señaló que, aunque es un auto muy prolijo, en cuestiones fundamentales como las deducciones de las indemnizaciones se limita a invocar unas normas legales, sin precisar qué se descontará de esas deducciones.

Los abogados tienen de plazo sólo hasta mañana, viernes, para recurrir el auto de ejecución de la sentencia, "en pleno puente de San José, cuando hemos tenido que esperar 17 años", se quejó García-Pablos.

El letrado recurrirá, entre otros aspectos, las deduccines de las indemnizaciones que el auto de la Audiencia Nacional señala por haber estado percibiendo ayudas o prestaciones de la Oficina del Síndrome Tóxico. "Da a entender que se va a descontar todo lo que hayan recibido y en eso no estoy de acuerdo", señaló García- Pablos.

AYUDAS DE SUPERVIVENCIA

"Una cosa es descontar las ayudas que, según las normas, se entregaban a cuenta y otra cosa es que se deduzca todo. A mí me parece, por ejemplo, que las ayudas familiares, que representan cuantías muy impotantes, no debieran de deducirse nunca, porque son ayudas de supervivencia, que se acuerdan por razón de una política asistencial, humanitaria, para casos límites", argumentó el letrado.

García-Pablos recordó que los afectados no son solamente enfermos, sino "víctimas de un crimen cometido por autoridades y funcionarios públicos, según sentencia judicial, y que en el derecho español a este tipo de víctimas -que no son sólo perjudicados, sino víctimas del delito- nuestra legislación pretende tratarles n poco mejor y, paradójicamente, nos vamos a encontrar con unas normas que, primero, dan lugar a un cobro 17 años después, y segundo, limitativas".

Por su parte, el abogado de la OCU, Ignacio Uriarte, tuvo palabras muy duras contra la Audiencia Nacional: "Lo que se ha conseguido en el Tribunal Supremo ahora lo están jodiendo en la ejecución".

Asimismo, criticó que la Audiencia haya prohibido a los afectados entrar en sus dependencias y que se les exija que vayan acompañados de abogado y procurado. Como muchos no lo tienen, se les dice que lo nombren o que vayan a la OCU, señaló el letrado, con lo que "están viniendo pero a masas". En apenas dos días la OCU ha tenido que atender a más de 250 personas, asistencia por otra parte gratuita, según acordó la directiva desde un principio.

Uriarte criticó también que la Audiencia haya dispuesto que todos los escritos presentados por los abogados hasta la fecha -de los cuales no había resuelto "ni uno"- los vuelvan a presentar con el DNI -"que es el prtexto que se han buscado"- antes de 3 meses.

"Este asunto, que es una catástrofe nacional, hay que resolverlo jurídicamente, pero con un criterio amplio humanitario, porque es gente pobre", concluyó el abogado de la OCU.