Según la OCU, Guillén Langa pretende cobrar a las víctimas un "impuesto revolucionario", ya que les exige el 3 por ciento de las indemnizaciones que reciban, pese a que la organización ya ha abonado el coste de la asistencia jurídica de los afectados.

La organización decidió desde un principio representar gratuitamente los intereses de las víctimas de la intoxicación, tanto de los que eran socios como de aquellos que, sin serlo, se vieron representados gracias al ejercicio de l acción popular.

La OCU designó como abogado para la defensa de este colectivo a Ignacio Uriarte Bofarull, a quien le abonó durante el proceso las minutas que presentó por cada una de sus actuaciones. Este pago se realizó hasta que el Tribunal Supremo dictó la última sentencia, en noviembre de 1998.

Sin embargo, en diciembre de 1998, Ignacio Uriarte envió con membrete de OCU y "a espaldas del Consejo de la asociación", según informó la organización de consumidores, una carta a los afectados en laque les requería el 3 por ciento de las indemnización, en concepto de honorarios.

Ignacio Uriarte falleció en octubre de 1999 y la OCU encargó entonces a otro abogado, Ricardo Ibánez, el seguimiento y finalización de todas las acciones de carácter procesal y administrativas pendientes para el cobro de las indemnizaciones.

La organización de consumidores acordó con el Colectivo de Víctimas de la Colza el pago provisional de una prorrata del 0,9 por ciento de las inmdenmizaciones, una vez cobradas,para hacer fente a los últimos gastos. Estas cantidades se ingresan en una cuenta mancomundad y, en caso de existir un remanente, será devuelto a las víctimas.

La organización mantiene que en diciembre de 1999, y de manera fortuita, conoció el requerimiento a los afectados de Uriarte, que antes de morir llegó a cobrar a algunas de las víctimas.

Tras la muerte de Ignacio Uriarte apareció otro abogado, Javier Langa, que se presentó como colaborador del primero con la intención de cobrar a las víctias las cantidades que les requería el propio Uriarte.

La OCU asegura que Javier Langa se niega a entregar los expedientes al nuevo letrado designado por la organización para hacerse cargo del caso, por lo que optó por denunciarle por un presunto delito de extorsión a las víctimas, de apropiación indebida y de deslealtad profesional. Además, estudia la posibilidad de denunciarle también por estafa, por entender que ha engañado a los afectados.