Según un comunicado hecho público, la Administración pretende descotar de la indemnizaciones aquellos gastos ocasionados por las lesiones que ha padecido y padece el colectivo de afectados después de la intoxicación.

A su juicio, de prosperar la iniciativa de la Administración, la indemnización que fijó el Supremo por el delito cometido, reemplazaría la obligación que el Estado tiene de cubrir las necesidades sociales de los ciudadanos, que establece la Constitución.

La federación ha informado a los afectados que no se conformen con los descuentos que pretenden ealizarles y les pide que defiendan sus derechos. "No queremos que se vuelvan a repetir las injusticias que desde 1981 se vienen produciendo hasta hoy", afirman.

"En este penoso proceso no es el dinero lo más importante, ni viene a reparar el dolor y el daño causado por esta enfermedad desconocida, con gravísimos daños físicos y psíquicos, ocasionando a unos ciudadanos que no han tenido la culpa de haber sido intoxicados", añade el comunicado.

A juicio del colectivo, los más perjudicados serán lo que al día de hoy y después de dieciocho años están en situación de invalidez a consecuencia de las lesiones sufridas, además de los niños y todos aquellos que por causa de la enfermedad no pudieron incorporarse a un puesto de trabajo.