García-Pablos indicó en rueda de prensa que "la importancia de esos fondos y el concepto por el que se etregan al afectado exigen una transferencia y la intervención directa del afectado con los poderes públicos, sin mediaciones ni de despachos profesionales ni de asociaciones privadas de afectados".

El letrado señaló que él ya tenía esa experiencia en el caso del incendio de la discoteca de Alcalá, 20, "es decir, la Audiencia Nacional fue llamando a cada uno de los clientes, quien comparecía en sus oficinas, y allí se les pagaba la indemnización".

"Y luego", añadió, "este despacho se ponía en contcto con los afectados correspondientes, presentaba la minuta y se pagaba o no se pagaba, se discutía, se consensuaba y se hablaba, como se hace en toda relación profesional convencional".

Por otro lado, García-Pablos e Ignacio Uriarte, letrado de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que representa a más de 2.500 enfermos o fallecidos, presentaron hoy públicamente el escrito dirigido al Defensor del Pueblo, Fernando Alvarez de Miranda, para que vele por un rápido pago de las indemnizacione por parte de los poderes públicos.

En el documento, además de más medios materiales y humanos, determinación de la cuantía global de las indemnizaciones y del censo exacto de afectados, el abogado interesa del Gobierno un compromiso público sobre el plazo máximo de pago y las vías de financiación de las indemnizaciones (presupuestos generales del Estado, deuda pública, anticipo de gasto como en "Alcalá 20").

AUTONOMIAS

Asimismo, García-Pablos hizo un llamamiento a las comunidades autónomas en eneral, no solamente a aquellas donde el síndrome causó más víctimas (Madrid y las dos Castillas), para que colaboren en el esfuerzo económico que el Estado debe realizar para cumplir la sentencia por razones de "estricta justicia y solidaridad social".

Respecto a una reclamación de una ex colaboradora suya, Antonia Mateo Moreno, que envió el pasado 7 de octubre -días después de publicarse la sentencia de la colza- una carta a clientes de su despacho en la que se atribuye el 50 por cien de la minuta, arcía-Pablos la calificó de "noticia imbécil".

El abogado aseguró que esta "niña" fue despedida en su momento por razones en las que no quiso entrar y señaló que su trabajo se limitó "a recibir a los familiares y a llevar asuntos de tercer rango", trabajo por el que fue debidamente retribuída.

García-Pablos negó que las minutas vayan a ser de 10.000 millones de pesetas ni mucho menos, como afirma Mateo, y dijo que estas polémicas sólo sirven para "envenenar" el ánimo de los afectados por el aceit tóxico, que todavía no han cobrado después de 16 años.

Mientras el caso esperaba sentencia todos los abogados se llevaban bien, recordó el letrado, pero ahora que han surgido las indemnizaciones empiezan a levantarse voces discrepantes y a declararse conflictos, indicó con ironía García-Pablos.