En una nota de prensa, Múgica explica que, tras la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997, ha recibido periódicamente quejas e ciudadanos y asociaciones de consumidores en las que ponen de manifiesto cómo en su día padecieron las consecuencias derivadas del consumo de aceite de colza adulterado, por lo que fueron reconocidos por la Administración sanitaria como enfermos del síndrome tóxico.

A pesar de ello, explica el Defensor, en estos momentos la Audiencia Nacional no les considera perjudicados por no aparecer sus nombres en las "listas o anexos" que constan en el procedimiento judicial.

Aclara que el número de persoas contabilizadas por esta institución que se encuentran en esta situación asciende, en estos momentos, a 57, aunque según alguna noticia aparecida en los medios de comunicación ese colectivo puede superar la centena.

Por otro lado, el Defensor de Pueblo estima que el problema trasciende de lo estrictamente judicial y debiera ser resuelto en la medida de lo posible desde el órgano competente dentro de la Administración, a través de la posibilidad que ofrece la Ley 30/1992 de llegar a acuerdos con cadauno de los afectados estudiando las especiales circunstancias que concurren en cada caso, y de esa forma conseguir que reciban las indemnizaciones que les corresponden, sobre todo, teniendo en cuenta que los criterios indemnizatorios están ya marcados por una resolución judicial.

A su jucio, esta iniciativa evitaría que las personas afectadas tengan que iniciar de nuevo procedimientos administrativos o judiciales que les permitan verse resarcidas de los perjuicios que sufrieron.

Para la realizació de tales acuerdos, esta institución se ha puesto a disposición de la Administración, por si su intervención puede contribuir a resolver la situación en la que se encuentran los afectados.