El denominado "sumario contra los altos cargos" comenzó a tramitarse hace nueve años y el 25 de mayo de 1990 el juez Bueren decretó la apertura del juicio oral, aunque la Audiencia Nacional dejó sin efecto esta decisión, que fue recurrida por los procesados.

Posteriormente,en abril del pasado año la Sala de lo Penal volvió a obligar a Bueren a reabrir el sumario que había dado por concluido, tras la presentación de un nuevo recurso por la defensa.

Finalmente, el magistrado concluyó definitivamente el pasado 9 de febrero este sumario contra los altos cargos, para quienes las acusaciones solicitan penas que llegan en algún caso a los 8 años de prisión por delitos de estafa, contra la salud pública y de imprudencia temeraria.

Además, piden el pago de unas indemnizacioes que ascienden a varios miles de millones de pesetas, aunque pretenden que el Estado se haga responsable civil subsidiario y así pueda abonar las indemnizaciones por los 605 fallecidos y los 25.000 afectados.

Tanto el abogado del Estado como el fiscal del caso solicitaron el sobreseimiento del sumario contra los altos cargos. A juicio del fiscal, de lo actuado "se desprende que a ningún cargo de la Administración estatal o municipal se le pueda imputar, tanto por dolo o por culpa, el delito de estaf".

Destacó además que según la sentencia que condenó a los aceiteros como responsables del envenenamiento a penas que oscilan entre los 10 y los 77 años de cárcel, la causa de la enfermedad fue la distribución y venta de un producto no autorizado para su venta que además había sido manipulado, por lo que "todas las personas que han intervenido con anterioridad a esta actividad no son responsables de la misma".

Los entonces altos cargos encausados en este sumario son José Guilló, director general e la Competencia y Consumo y comisario general de Abastecimientos y Transportes; Manuel Hernández Bolaños, director del Labortorio Central de Aduanas; Antonio Bardón, jefe de Defensa contra Fraudes del Ministerio de Agricultura; Miguel Casado Palomero, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Valladolid; Roberto Conty, subdirector de Higiene de los Alimentos; Casimiro Palacios, concejal de Sanidad de Alcorcón (Madrid), y Francisco Mayo, concejal de Abastos del mismo municipio.