Este decreo regula el procedimiento de pago, que permitirá el cobro de las indemnizaciones con mayor celeridad, una vez sean firmes los autos de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 1997. Para ello, establece una serie de anticipos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

En declaraciones a Servimedia, García-Pablos señaló que esta decisión "demuestra que el Gobierno cumple sus promesas, tomando las medidas extraordinarias necesarias para pagar las indemnizaciones tan prontocomo legalmente es posible, y eso es un motivo de satisfacción".

"Esto significa que no va a haber ninguna sorpresa, ningún sobresalto, y que tan pronto como la Audiencia Nacional decida la cuantía de las indemnizaciones, habrá fondos para cubrirlas", dijo, aunque advirtió de que "esto no significa que se vaya a pagar de forma inmediata a los afectados".

A partir de este momento, empieza un proceso de presentación de solicitudes, que han de realizarse de forma individualizada para cobrar las indenizaciones. En este sentido, dijo que muchos afectados que no tienen abogados pueden quedarse sin indemnización, si no dan los pasos necesarios y presentan una serie de documentos que han de solicitar previamente.

También explicó que existen dos grupos de afectados diferentes, una mayoría que está de acuerdo con las indemnizaciones establecidas en el año 89, que empezará a cobrar pronto, y alrededor de un 25 por ciento de afectados que han empeorado a lo largo de los años y exigen una ampliación de la indemnizaciones, procedimiento que se prolongará algo más.

Asimismo, confió en que "el pago de las indemnizaciones no permita pasar la página de este tremendo drama colectivo. Es sólo una primera parte, es la reparación tardía, 18 años después, del daño que se les ha ocasionado, pero queda un reto a la política social, es necesario que se siga estudiando la enfermedad y se dispense a los enfermos el tratamiento sanitario y clínico indispensable y se haga frente a sus necesidades con una política asisencial de prestaciones y pensiones".

García-Pablos subrayó que "este pago no se hace por razones de política social, solidaridad o de beneficiencia, sino de estricta justicia, porque los afectados han sido declarados víctimas de los delitos cometidos por funcionarios públicos españoles, y por eso el Estado tiene la obligación jurídica de pagar esas indemnizaciones".