José Antonio Lago, portavoz de los afectados, criticó la actuación del fiscal en el sumario, ya que, a su juicio, "ha sido más de defensa de los intereses de la Administración y de los funcionarios que del interés público como acusación".

Lago insistió que el representante del ministerio público "defiende mucho más los intereses de la Administración", ya que si los ex altos cargos son condenados durante el juicio, "supondría un coste cercano a los 50.000 millones de pesetas en indemnizaciones para 20.000 afectados", precisó.

Recordó que la petición de sobreseimiento del fiscal coincide con la del abogado del Estado, que "en algunas ocasiones inclusive ha llegado a pedir o bien se sobresea o bien se rebajen las cantidades a percibir como indemnización. Me parece que es una actitud mezquina que no tiene ningún sentido", destacó.

Finalmente, aunque reconoció que esperaban esta decisión, dijo que confiaban que con el actual fiscal del caso "hubera un cambio de decisión en sus propuestas". Sin embargo, añadió que parece que el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, "les dirige bien y sus directrices se confirman".

Lago hizo estas manifestaciones tras la concentración que, como todos los jueves, realizaron ante la Audiencia Nacional un grupo de afectados por el síndrome tóxico para reclamar la celebración del juicio contra los ex altos cargos y el pago de indemnizaciones.