El abogado Ignacio Uriarte, en representación de la OCU, y Antonio García Pablos presentaron a los medios de comunicación el contenido de los recursos de casación que han presentado contra la sentencia en nombre de más de 7.000 enfermos y familiares de fallecidos.

Ambas partes piden que el Estado sea condenado como responsable civil subsidario al pago íntegro de las indemnizaciones y que de éstas no se descuenten las cantidades abonaas a los damnificados en los últimos 15 años en calidad de asistencia médica y sanitaria, como establece la sentencia.

En el capítulo de penas, rechazan la multa de 20.000 pesetas impuesta al único funcionario culpado, el ex director del laboratorio central de Aduanas Hernández Bolaños, y piden que la condena para él sea mucho más severa, dado que fue él quien informó a favor del uso de la sustancia presuntamente causante de la adulteración del aceite.

Asimismo, exigen que se condene a un procesao en su día absuelto, Povedano Alonso, responsable de la concesión de licencias de importación del aceite.

SOLO DOS FORENSES

En su recurso, la OCU alega también que se personó en este caso como acción popular, y por tanto defiende a los 20.000 damnificados. Lo recuerda porque la sentencia de la Audiencia Nacional señala que sólo tendrán derecho a indemnización aquellos afectados que estén representados en el proceso a través de acusaciones particulares.

Según la OCU, unos 5.000 damnificados podían verse afectados por esta desprotección, si el Tribunal Supremo no desestima esta consideración de los beneficiarios prevista en la sentencia de la Audiencia Nacional.

Uriarte y García Pablos dijeron en rueda de prensa que según sus cálculos, las indemnizaciones que tendrá que dictaminar el Tribunal Supremo en la vista que previsiblemente se celebrará en junio rondarían los 350.000 millones de pesetas.

Ambos letrados criticaron el escaso interés que están demostrando las distintas administracines implicadas por solucionar este asunto y ayudar a las víctimas.

Según sus previsiones, una vez que falle el Supremo, se podría tardar varios años en determinar las ayudas que corresponden a cada damnificado, dado que, por ejemplo, sólo se han dispuesto dos médicos forenses para estudiar los cerca de 20.000 casos de síndrome tóxico.