De hecho, los abogaos que representan a las 17 personaciones en la causa, que engloban a más del 90 por ciento de los afectados, han presentado ya ante la Audiencia Nacional sus respectivos recursos.

Así lo han manifestado a Servimedia, entre otros, Antonio García-Pablos, que representa a más de 5.500 afectados, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que engloba a más de 2.500 damnificados, y Jacobo Echevarría, letrado del bufete de Francisca Sauquillo, que gestiona más de 4.000 expedientes.

Además, el rsto de agrupaciones en las que se encuentran asociados los perjudicados han recurrido también el auto de la Audiencia Nacional, algunos solicitando en primer lugar una aclaración de la ejecución y luego recurriendo esta decisión.

RESTRICTIVO

Uno de los puntos en los que las defensas basan su alegato es el carácter "restrictivo" del auto de la Audiencia respecto a la sentencia dictada el pasado mes de octubre por el Tribunal Supremo.

Para Jacobo Etxebarría, del despacho de Francisca Sauquillo, l sentencia del Supremo fija con claridad las indemnizaciones según la categoría de afectado de cada uno de los enfermos, por lo que no debe entrarse ahora a realizar esta valoración.

"Nadie tenía ningún interés en recurrir, pero no nos han dejado más remedio", continuó el letrado, que calificó el auto de la Audiencia Nacional de "sibilino", ya que quiere pretender que se entienda por indemnización todo el dinero recibido hasta ahora. "Es una interpretación inaceptable, sin sentido común y desajustadaderecho", insistió.

Finalmente, apuntó que espera que los recursos presentados no paralicen la libre opción de algunos afectados de solicitar la indemnización cuanto antes, si bien mostró su sorpresa ante los plazos fijados por la Audiencia Nacional.

Por su parte, Antonio García-Pablos manisfestó a Servimedia que el auto de ejecución "da a entender que se va a descontar a los daminificados todo lo que se hayan percibido y en eso no estoy en absoluto de acuerdo".

"Es diferente descontar las yudas que, según las normas establecidas se entregaban a cuenta, que restar lo cobrado en concepto de ayuda familiar, puesto que éstas son ayudas de supervivencia, que se acuerdan por razón de una política asistencial acordada para casos límites", apuntó el letrado.

Por su parte, Ignacio Uriarte, abogado de la OCU, apuntó que "lo que se ha conseguido en el Supremo ahora lo están jodiendo con la ejecución". Criticó duramente la decisión de la Audiencia Nacional de prohibir la entrada de los afectados e las dependencias judiciales para informarse de su situación, espetándoles que debían nombrar abogado y procurador.

CONCENTRADOS

Varios centenares de afectados por el síndrome tóxico, procedentes de Madrid y de las zonas limítrofes más afectadas, como Alcalá de Henares, llevan seis días de concentración diaria ante la Audiencia Nacional, en protesta por su nueva situación.

Los damnificados portan parcatas en las que se lee "En contra de una ejecución injusta de la sentencia de la colza" y permaecen en silencio sentados en los bancos de la madrileña calle de Génova a la espera de una solución.

Mientras, en la Audiencia Nacional se ha tomado la medida de no dejarles pasar si no vienen acompañados por su abogado. De hecho, tan sólo una funcionaria se encarga actualmente del caso de la colza, asignada a la llamada "sección de apoyo" de la Sala de lo Penal de la Audiencia.