Muchos de los afectados (alrededor de 500 se manifestaron hoy ante la Audiencia Nacional) consideran que el dinero recibido hasta la fecha no son indemnizaciones, sino compensaciones y prestaciones a la que tienen derecho todos los españoles.

El auto deejecución, al que ha tenido acceso Servimedia, señala que "de las cantidades establecidas a favor de cada uno de los perjudicados han de deducirse las cantidades adelantadas por el Estado en concepto indemnizatorio".

Según el escrito, en estas cantidades no se incluirán las correspondientes a "gastos médicos, de seguridad social y otros semejantes a que tengan derecho los afectados por mandato legal".

Además, se recoge la propia sentencia del Tribunal Supremo en la que se consideró que los "auxilos y subvenciones" obtenidos por los afectados suponen un "adelanto" a lo debido, y por tanto deducible, con la única salvedad de que no serán descontadas las ayudas que se refieran a gastos médicos de Seguridad Social y otras semejantes.

Aquí es donde algunos de los afectados insisten en que lo ya cobrado fue acordado explícitamente para su especial situación en concepto de prestación sanitaria, y no como indemnización, por lo que no están de acuerdo con la ejecución de la sentencia.

YA PUEDEN COBRR

No obstante, quienes estén de acuerdo con la decisión de la Audiencia pueden a partir de la fecha presentar la documentación que se requiere para empezar a cobrar el cien por cien de las subvenciones, 16 años después de que se produjeran la intoxicación masiva con aceite de colza.

Además, los que consideren que su situación médica ha empeorado con referencia a la calificación que realizaron en su día los forenses de la Audiencia Nacional, podrán solicitar en el plazo de 3 meses la revisión de s situación, para lo que tendrán que presentar informes médicos que así lo demuestren.

Finalmente, el auto de ejecución apunta que quienes tienen su situación como "dudosa", es decir, no aparecen en la lista de afectados o su situación está pendiente de calificar, tienen un plazo de seis meses para presentar la documentación oportuna que verifique su situación y se pueda realizar la indemnización que proceda.

La sentencia del síndrome tóxico condenó al Estado a pagar casi medio billón de pesetas e concepto de responsabilidad civil por las irregularidades cometidas por dos funcionarios. El consumo de aceite desnaturalizado provocó más de 1.000 muertes y alrededor de 20.000 personas afectadas, además de provocar la incapacidad laboral a otras 6.000 personas.