Este impuesto se estableció en la Ley de 1988 que regula las Haciendas Locales y por la que muchos bienes inmuebles y sujetos pasivos dejaron de gozar de los beneficios fiscales que la anterior normativa les reconocía. Sin embargo, hubo un período transitorio, que expira este año, en el que se establecieron bonificaciones en las cuotas de hasta un 95 por ciento.

El IBI ha afectado especialmente a centros y edificios de instituciones rligiosas afincadas en las ciudades y dedicadas a la enseñanza o actividades benéficas, informaron las mismas fuentes.

Sin embargo, han sido los centros escolares concertados los más afectados, por lo que el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) se comprometió a establecer un procedimiento que frenara esta presión fiscal, aunque todavía no lo ha hecho, señalaron las citadas fuentes.

Mientras los centros públicos escolares están exentos totalmente y de forma indefinida del IBI, los centros concerados "sufren un tratamiento fiscal inadmisible que provocará situaciones deficitarias en muchos de ellos", indicaron.

Varios estudios realizados por Fere y EG, dirigidos a conocer el importe al que ascenderán las cuotas soportadas por los centros concertados y no concertados en este año, sitúan los máximos y mínimos de gravamen que los ayuntamientos pueden determinar en sus ordenanzas fiscales.

Según los estudios, y teniendo en cuenta que todavía no se han revisado los valores catastrales, los cetros concertados ubicados en Madrid deberán pagar en 1993 cuotas que oscilan por término medio entre uno y cinco millones de pesetas, si el ayuntamiento aplica un tipo impositivo del 0,46 por ciento.

Los grandes ayuntamientos como Madrid, Barcelona o Sevilla recaudan el citado impuesto en el último trimestre del año, pero otros lo hacen antes y, de hecho, en 1993 algunos, como los de Zaragoza, Alicante, Valencia o Valladolid, ya se han adelantado cobrando cuotas que superan el millón de pesetas, aunqu hay casos de centros que deberán pagar hasta 16 millones.

El MEC se ha comprometido a hacer frente en 1993 a las cuotas del IBI en centros concertados, pero el problema, según Fere y EG, se plantea a la hora de diseñar el procedimiento para que se haga efectivo y no se demore.