El presidente de Educación y Gestión (EG), Néstor Ferrera, aseguró a Servimedia que estas actividades "se fijan de común acuerdo con las asociaciones de padres, que son libres de buscar fórmulas para elevar la calidad de la enseñanza de sus hijos".

Aseguró que las Administraciones no cumplen la parte de los conciertos que le corresponden y no sufraga el costo real de la enseñanza que ofrecen los centros privados, por lo que los padres se ven obligados a tomar medidas.

"Si hay colegios que hacen cobros irregulares, desde luego no es un problema extendido", agregó Ferrera. "Y en ningún caso se utilizan estos servicios como mecanismo de selección de alumnos".

Para Félix Falcón, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), las anomalías que menciona el Defensor del Pueblo "pueden ocurrir en algún caso aislado, pero no s normal".

"Las actividades se acuerdan con los consejos escolares y si se produjera alguna irregularidad en los cobros, los propios centros se desacreditarían", manifestó.