Esta es una de las conclusiones de las I Jornadas Marítimas celebradas entre el 7 y el 9 de diciembre po la organización colegial de oficiales de marina mercante, en las que participaron también representantes de la Administración, la patronal y los sindicatos.

A juicio de los oficiales y el resto de trabajadores de las empresas navieras, el anteproyecto propuesto por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a todos los agentes del sector "es una amenaza para el mantenimiento de puestos de trabajo en las operadoras españolas de marina mercante".

Aunque el Colegio de Oficiales opina que el anteroyecto de Ley de Puertos y de la Marina Mercante, en fase de elaboración por el Ejecutivo, "puede llegar a constituir el comienzo de la esperada reforma de la Administración Marítima", la propuesta de Segundo Registro de Buques debe "plantear soluciones para los excedentes laborales".

En su opinión, el Instituto Social de la Marina (ISM) debe ser el organismo público que canalice la actividad oficial en materia de empleo, sanidad y formación profesional del sector, con el fin de "elevar la calidad devida de los profesionales de la mar y reducir sus inaceptables índices de siniestralidad".

Los oficiales españoles de marina mercante consideran que no se está cumpliendo ninguno de estos objetivos, por lo que reclaman el cese de la actual dirección del ISM, y su sustitución por otra que elabore un plan urgente, para recolocar los excedentes laborales que se producirán.

Diversos colectivos de trabajadores del mar han expresado en las últimas semanas su disconformidad con el segundo registro canaro que quiere crear el Gobierno, por considerar que "sólo satisface los intereses de las empresas navieras y pesquueras".

La principal crítica de estos trabajadores es que el texto legal propuesto a los interlocutores del sector facilita la mejora de los estados financieros de las empresas mediante descuentos fiscales y contributivos al Estado, y facilitando la contratación de personal más barato procedente de otros países.