Según ha sabido Servimedia en fuentes oficiales, el decreto permite clasificar este tipo de piedras, extendidas por toda la geografía nacional, como de la Sección C, en la que se incluyen otros materiales que tienen la declaración de utilidad pública, como es el caso de las minas de niquel y otros recursos mineros.

Con este cambio, según las fuentes consultadas, existen miles de canteras en toda España que podrán ser expropiadas cuando una de las grandes compañías dedicadas a la estracción y posterior tratamiento por mortero para hormigones y aglomerado asfáltico pida permiso para la explotación de una parcela con este fin, aunque sus porpietarios se dediquen a extraer la roca actualmente sin tratarla para vederla después a diferentes empresas.

Las fuentes del sector consultadas por Servimedia aseguran que est inicitiva responde a la campaña desplegada ante la Dirección General de Minas por un "lobby" de grandes compañías, para lograr, con la solicitud de explotación de esas canteras y sin contar con los propietarios, derechos de estracción de esos recursos mineros.

Según los demandantes, el derecho de uso sobre los terrenos con piedra árida correspondían al propietario, pero ahora la primera compañía que solicite la explotación ante las autoridades de Minas obtendrán ese derecho preferente. En caso de negtiva por parte del propietario se aplicaría la declaración de utilidad pública d ela cantera para expropiarla.

Para los ingenieros técnicos de minas, el decreto supone además la modificación de la actual ley de minas con una norma de rango inferior y sin contar con los colectivos afectados, como los colegios profesionales, pequeños empresarios y algunas comunidades autónomas cuyos ayuntamientos pueden verse expropiados por la acción de una de estas grandes empresas privadas.

De hecho, el propio mnistro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray,ha recibido ya cartas de Gobiernos regionales en las que se expresa una dura crítica a esta medida de su equipo, sin haberla debatido con los colectivos afectados, y permitir la elaboración de documentos alternativos.

El recurso del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas, al que podría sumarse alguna comunidad autónoma y pequeños empresarios de canteras, será presentado antes del próximo 17 de abril, fecha en la que expira el plazo dado por el Ministerio e Industria para recurrir.