El recurso se dirige expresamente contra una sentencia promulgada el pasado 7 de julio por la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, que ordenó el levantamiento de los precintos de los apartos de grabación de la cárcel de Alcalá Meco, dictado previamente por un juez de vigilancia peniteciaria.

Las mismas fuentes señalaron que, en el caso de que el Tribunal Constitucional niege el recurso interpuesto hoy, el Colegio estaría dispuesto a elevar el caso hasta el Tribunal de Estrasburgo, ya que el asunto tiene especial relevancia por atentar contra el derecho fundamental del secreto de las comunicaciones, recogido en el artículo 18 de la Constitución.

Según los letrados del Colegio madrleño, la resolución de la Sala de Conflictos es "profundamente preocupante", ya que con ella se impide el secreto de las comunicaciones entre los clientes y sus abogados para preparar la defensa, "lo que", para el Colegio de Abogados, "se inserta dentro de una línea jurisprudencial en la que es normal que haya una micrófono entre el abogado y su cliente".

Las denuncias del Colegio se fundamentan en la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de junio de 1994, que establece que las comunicaciones enre abogado y cliente sólo pueden ser intervenidas por la autoridad judicial, de manera motivada y proporcionada, y en los casos de terrorismo.