El recurso se dirige contra una sentencia dictada el pasado 7 de julio por la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, que ordenó el levantamiento de los precintos de los aparatos de grabación de la cárcel de Alcalá Meco, anulando una orden anterior de un juez de vigilancia penitenciaria.

En el caso de que el Tribunal Constitucional negase el recurso de amparo, el Colegio estaría dispuesto a elevar el caso hasta el Tribunal de Estrasburgo, por entender el cao tiene especial relevancia, al atentar contra el derecho fundamental del secreto de las comunicaciones recogido en el artículo 18 de la Constitución.

Para el Colegio de Abogados, la resolución de la Sala de Conflictos es "profundamente preocupante", y, según el decano, "se inserta dentro de una línea jurisprudencial en la que parece normal que entre un abogado y su cliente haya un micrófono conectado con quien realiza la investigación".

Luis Martí dijo que las grabaciones que se realizan a abogaos y presos en las cárceles son empleadas ilegalmente en la investigación policial y agregó que eso sólo puede considerarse normal en el clima de violación de las comunicaciones que vive España.

El Colegio de Abogados notificará a todos sus asociados la existencia de los aparatos de grabación que funcionan en la cárcel de Alcalá II para que los letrados actúen "en consecuencia".

Las denuncias del Colegio de Abogados se fundamentan en una sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de junio de 194, según la cual las comunicaciones entre abogado y cliente sólo pueden ser intervenidas por la autoridad judicial, de manera motivada y proporcionada, y en los casos de terrorismo.