El objetivo de esta sanción administrativa es "atajar el fraude en el transporte", explica el documento, que añade que también se "establecen las sanciones pertinentes para evitar que las conductas de algún viajer irrespetuoso pongan en peligro o molesten a los demás usuarios (así se prohibe fumar y el consumo de drogas tóxicas y bebidas alcohólicas dentro de los vehículos)".

El Reglamento de Viajeros, aprobado el pasado 3 de julio por el Consejo de Gobierno, garantiza "especialmente" las condiciones de seguridad y limpieza de los vehículos.

La citada norma potencia el derecho del usuario a la información: "En los vehículos figurarán las tarifas, las paradas estarán señalizadas, se advertirá con suficient antelación de los cambios de precios y de las modificaciones o supresión del servicio, etc.

Asimismo, se reconoce a los usuarios el derecho a la "devolución del importe del billete si se produce una suspensión del servicio" y se facilita el derecho a presentar una reclamación, que ha de ser contestada en el plazo de un mes. "A tal efecto, todos los autobuses y terminales dispondrán de libros de reclamaciones", señala el escrito.

El citado documento señala que "por primera vez", con este reglameno se establece "un catálogo completo de los derechos y deberes de los viajeros, así como las obligaciones de las empresas que prestan un servicio tan esencial como es el transporte público entre las diferentes localidades de la CAM".

"La gran aportación del reglamento es acabar con una situación de vacío legal, de indefinición de derechos y obligaciones e inseguridad jurídica, en suma, y se dota al ciudadano de un instrumento legal para hacer valer sus derechos como usuario de un servicio público", detaca el escrito.