Gobiernos nacionales, organismos internacionales del sistema de la ONU y ONG internacionales comparten la conveniencia de aprobar, en el menor plazo posible, una Convención Internacional amplia e integral, jurídicamente vinculante, sobre protección de personas con discapacidad.

Las divergencis han surgido a la hora de determinar el alcance, contenido y tipología de esta futura Convención. Mientras la mayoría de los países en vías de desarrollo y ONG abogan por una Convención integral, la Unión Europea expresó su opinión de que la futura Convención se limite a la dimensión de la no discriminación, siguiendo el modelo de las Convenciones de la ONU sobre la Mujer y el origen étnico y raza.

El modelo de Convención integral supone la creación, en su caso, de nuevos derechos humanos, específico de las personas con discapacidad o la adecuación de los ya existentes a los derechos particulares de estas personas. El modelo de no discriminación significa que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás personas y que para protegerlos hay que eliminar cualquier forma de discriminación.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), presente en la Convención, ha defendido la posición de las ONG Europeas de que la Convención anime la vertiente dela no discriminación más la vertiente de la Acción Positiva de forma que se garanticen en toda su dimensión los derechos de las personas con discapacidad.