El catedrático Manuel Jiménez de Parga manifestó a esta agencia que, en el presente caso, es aplicable elCódigo Penal al que realizó el "pinchazo" telefónico, si no hubo consentimiento de los afectados, pero no a la radio que reproduce la grabación, "porque es preeminente el derecho de información".

Jiménez de Parga recordó que el artículo 497 bis del Código Penal condena a una pena de de arresto mayor y multa de 30.000 a 150.000 pesetas al que "para descubrir los secretos o la intimidad de otros sin su consentimiento, interceptare sus comunicaciones telefónicas o utilizare instrumentos o artificios técncos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido".

El mismo artículo añade que "si divulgare o revelare lo descubierto incurrirá en las penas de arresto mayor en su grado máximo y multa de 30.000 a 150.000 pesetas".

En declaraciones a esta agencia, el jurista subrayó, no obstante, que existe una sentencia del Tribunal Constitucional, dictada al resolver un recurso de amparo interpuesto por él, que consideró legal el "pinchazo" del teléfono de un periodista de Alicante.

Este priodista fue despedido por una conversación telefónica, grabada sin su consentimiento, en la que manifestaba opiniones despreciativas hacia el director de su medio de información.

La sentencia del Tribunal Constitucional afirmaba que no hubo violación del secreto de las comunicaciones amparado por la Carta Magna.

Jiménez de Parga precisó que la sentencia fue anterior a la modificación del Código Penal que tipificó como delito las escuchas telefónicas, pero indicó que no existe doctrina posterior el Alto Tribunal.

PREVALECE EL INTEREES PUBLICO

El presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Luis Apostua, hizo la precisión de que "no se trata de un teléfono 'pinchado', sino que es una voz que está en el aire como si fuese en la radio".

Desde el punto de vista legal, Luis Apostua, insistió en recordar que "existe una doctrina del Tribunal Supremo sobre la prevalencia del interés público sobre el derecho a la privacidad", y que "el Tribunal Constitucional llev diez años diciendo que cuando una información es de interés general, debe prevalecer el criterio de difundirla".

Luis Apostua coincidió también en resaltar que el interés público debe prevalecer sobre el derecho a la intimidad, y dijo que, "dado que el contenido de las conversaciones no era estrictamente privado, su difusión es perfectamente legítima".

"Es una gran imprudencia de un político importante el hablar de cosas graves por un medio tan poco seguro como es un radioteléfono, que nadie en u sano juicio lo emplea para hablar de temas importantes, porque con la radio es inevitable que alguien controle tus transmisiones", recalcó a Servimedia Apostua.

También aseguró que la Asociación de la Prensa "defenderá a ultranza el derecho de cualquier redactor a guardar secreto profesional sobre la procedencia de la información que ha difundido" y que, en este caso, luchará para que la Cadena Ser no tenga que declarar quién les proporcionó la grabación.

Apostua señaló que, en un caso similar,la difusión de los papeles del Pentágono, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estimó que "el hecho de la apropiación inapropiada de unos documentos no públicos no tenía relevancia frente al servicio que se había hecho a la nación revelando un asunto que la afectaba esencialmente".

"GRAVE ATENTADO"

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, Carlos Soria, opinó que se trata de un "grave atentado al secreto de las comunicaciones, que es un pincipio constitucional".

Carlos Soria señaló que "si alguien incumple el secreto de las comunicaciones, ya sea el Gobierno o algún particular que interfiera conversaciones, hay que actuar con energía jurídica. La Ser tiene todo el derecho a ocultar sus fuentes, pero debe responder sobre el grave quebranto a la privacidad".

Carlos Soria señaló que, habida cuenta de que se trata de una conversación privada, no realizada con el conocimiento de que iba a ser difundida, está amparada por el secreto delas comunicaciones, independientemente del procedimiento por el que lo hayan conseguido".

"Si se legitima, en nombre del interés general, la intromisión en una llamada telefónica privada, se justificaría que de ahora en adelante todos los periódicos se dediquen a pinchar todos los teléfonos de los ciudadanos por si hay alguna cosa interesante", consideró el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de Navarra.

NO ATENTA CONTRA LA INTIMIDAD

Soledad Gallego-Díaz, directora adjunta del dario "El País", señaló que "leyendo la transcripción de la cinta magnetofónica, he comprobado que una ligera alusión que podría ser de tipo personal ha sido suprimida en la difusión por radio, por lo que no se trata de ningún atentado contra la intimidad, y desde el punto de vista profesional está plenamente justifida".

"Desde el punto de vista legal", precisó la directora adjunta, "a mí me consta, y así lo ha confirmado la Ser, que la grabación ha sido obtenida por medios ilícitos, pero eso sería prolema de quien lo haya grabado, no de la emisora que lo ha difundido".

"En Gran Bretaña, cuando yo era corresponsal allí, se produjo un caso parecido, en el que un funcionario del Ministerio de Defensa entregó al 'Observer' un documento que afectaba a la instalación de misiles Cruise en la base de Greenham Common", recordó Soledad Gallego.

"La información se publicó y el periódico mantuvo el secreto profesional sobre cómo la había obtenido, y fue competencia de la policía británica descubrir quiénhabía sido ese funcionario, pero no era problema del medio que lo divulgó sin quebrantar para nada la ley".

LA NOTICIA POLITICA DEL AÑO

Por su parte, Pedro J. Ramírez, director del diario "El Mundo", que sacó a mediodía de hoy una edición especial sobre este asunto, dijo a Servimedia que "se trata de la noticia política del año, por ahora, después de la dimisión de Alfonso Guerra".

Calificó el acontecimiento de "revelación periodística, ya que con estas grabaciones al PSOE se le ha caido la carta y se revela que la figura de Felipe González está siendo seriamente cuestionada dentro de su partido, por primera vez desde hace nueve años".

"Si lo que se revela es la posición política de Carlos Solchaga en el conflicto entre la dirección del PSOE y el Gobierno, debe prevalecer el derecho a la información", concluyó.