Así lo recoge el informe final de la CoFoE, en su objetivo número 13, articulado en nueve medidas, con las que se persigue mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo “para garantizar unas condiciones de trabajo más justas” y promover la igualdad de género y el empleo, “incluido para los jóvenes y los grupos vulnerables”.

En primer lugar, los ciudadanos participantes en la CoFoE reclaman as autoridades europeas, los Estados miembros y los interlocutores sociales “garantizar que los salarios mínimos garanticen al trabajador una calidad de vida digna y similar” en los 27.

Para ello, sugieren establecer criterios claros como el coste de vida, la inflación, la renta por encima del umbral de pobreza, entre otros, que contarán “a la hora de fijar el nivel de los salarios mínimos”, que se revisarán de forma periódica.

EL OBJETIVO DE LA CONCILIACIÓN

Por otro lado, instan a la UE a “hacer cumplir con mayor firmeza la aplicación de la directiva sobre el tiempo de trabajo” para garantizar la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. También señalan “el derecho a la desconexión”, y la necesidad de “evaluar las implicaciones del teletrabajo para la salud, el tiempo de trabajo y el rendimiento de las empresas”.

Otra de las medidas exige “garantizar la igualdad de género, en consonancia con la Estrategia de la UE”, combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres e introducir cuotas en los puestos de responsabilidad.

Varias de las medidas clave que recoge el documento de la CoFoE persiguen la promoción del empleo. Por ejemplo, el empleo juvenil, para lo que propone la asistencia financiera a las empresas, y apoyo a jóvenes empresarios y profesionales autónomos. Además, se reclama la promoción “de forma particular” para el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral.

Finalmente, y a modo de corolario, la novena medida para lograr el objetivo de los mercados laborales más inclusivos es impulsar “la movilidad social y, por lo tanto, tener plena posibilidad de realización y autodeterminación”. Para ello sugieren “garantizar el derecho al aprendizaje permanente y el derecho a la formación”.