Según maniestó a Servimedia Antonio Bengoa, responsable del grupo de operadores de telecomunicaciones de ANIEL, la utilización ilegítima de teléfonos es posible actualmente porque no es ilegal manipular el código IMEI del aparato, lo que ha originado que haya negocios, que se anuncian en prensa, dedicados a cambiar los datos identificativos de móviles.

Con el proyecto del Gobierno, esto será ilegal y estos talleres electrónicos tendrán que pasar a la clandestinidad, lo que acabará con la mayoría. Además, las copañías de móviles invertirán 20 millones de euros en la implantación de unos sistemas que servirán para anular aquellos terminales que hayan sido denunciados como robados.

"Actualmente, la situación, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, estaba incompleta y cualquiera de las dos medidas por separado no era suficiente para poder limitar la capacidad que tienen los 'malos' para cambiar, robar o hacer uso delictivo de los teléfonos móviles", concluyó Bengoa.